Bloqueos, concesiones y un negocio común: la trama detrás de la tregua que sellaron Hugo Moyano y Mercado Libre

Con el Gobierno como mediador, avanzan en un acuerdo que incluiría la regularización laboral de trabajadores de empresas de transportes que prestan servicios a la compañía de comercio electrónico.

Hugo Moyano forzó una inesperada negociación con Mercado Libre a partir de los bloqueos que activó su tropa en cinco centros de distribución. Después de dos encuentros cara a cara entre referentes del sindicato de los camioneros y la cúpula de la compañía de comercio electrónico, se alcanzó una tregua que se percibe firme y que tiene como garante al Ministerio de Trabajo.

Los negociadores de Moyano, entre los que estuvo su hijo Huguito, que es abogado del gremio, se comprometieron a no desplegar más bloqueos a cambio de que se regularice la situación laboral de los conductores de las empresas tercerizadas que le prestan sus servicios a Mercado Libre, según dijeron  testigos de la negociación. El gremio detectó que muchos chóferes autónomos están fuera de su órbita o en condiciones laborales precarias. La compañía fundada por Marcos Galperin, en tanto, dejó en claro que no cuenta con transporte propio, dio detalles sobre cómo se reparte la mercadería y deslizó un plan de expansión de negocios en el interior del país del que los camioneros podrían formar parte.

Detrás de este primer apretón de manos, que tuvo al ministro Claudio Moroni como mediador, surge una suerte de pacto no escrito: de la puerta de los centros de logística de Mercado Libre hacia adentro, el gremio que seguirá mandando será el de Unión Carga y Descarga, a cargo de Daniel Vila. Pero de la puerta hacia afuera, Moyano podrá avanzar con el encuadre sindical de cualquier trabajador que distribuya la mercancía. Un acuerdo similar había sellado hace años con la multinacional Coca-Cola, donde puertas adentro talla el gremio de Aguas y Gaseosas, de Raúl Álvarez, pero la distribución quedó absolutamente en manos del jefe camionero.

Para Mercado Libre, en definitiva, es un buen arreglo, al menos por ahora. Se garantiza de alguna manera que la tropa de Moyano no ponga un pie dentro de sus centros de distribución, donde firmó en 2019 un convenio colectivo a medida con Carga y Descarga que fue avalado por el exministro macrista Dante Sica y que tiene la garantía de que no será ahora objetado por Moroni.

La letra chica de aquel acuerdo establece modificaciones en lo relativo a la jornada laboral, dispone la creación de un banco de horas (192 mensuales), la polifuncionalidad de tareas, la eliminación de los delegados por turno, la limitación para ejercer el derecho a huelga y la garantía de guardias mínimas para garantizar el funcionamiento de la planta. El trato se aplica de manera exclusiva en centro logístico de Villa Madero, que creció exponencialmente de 80 a 1250 operarios, quienes el 3 del mes próximo percibirán un bono de 500 dólares como gratificación extraordinaria por la pandemia del coronavirus.

Retomar la vía judicial sería la única alternativa que le quedaría entonces a Moyano para voltear este acuerdo entre Mercado Libre y Carga y Descarga. El jefe de los camioneros mantiene su postura de que los trabajadores del gigante del comercio electrónico deberían estar bajo su convenio, el 40/89. Argumenta que la misma empresa dice tener como “actividad principal” la logística, lo que le habilitaría el reclamo de encuadre sindical. A partir de una reforma del estatuto de los camioneros, aprobada por el Ministerio de Trabajo en marzo de 2003, fue que Moyano desplegó un operativo de captación de trabajadores de diversas actividades, que le permitió representar no solo a los choferes de camión, sino también, por ejemplo, a los trabajadores que bajan cajas de un vehículo o que están en un depósito.

Los caminos de Moyano y Mercado Libre se habían cruzado mucho tiempo antes de los bloqueos de la semana pasada. Incluso, hasta los une hoy un negocio común. Muchos productos comprados en la plataforma digital son distribuidos por OCA, la empresa postal privada más grande del país, que está quebrada y que desde hace un año es coadministrada por el Estado y el sindicato de los camioneros. Trabajan allí 6076 personas, de las cuales 5800 son afiliados al gremio de Moyano. En un encuentro privado con Alberto Fernández, después del triunfo en las elecciones primarias, Moyano le pidió que interviniera por el caso OCA ni bien asumiera la Presidencia. Con el expediente en curso en la justicia civil y comercial, Fernández pensó que lo mejor para auxiliar a su aliado sindical era buscarle un inversor. Así surgió una gestión fugaz con Marcos Galperin, quien a los pocos días resolvió mudarse a la otra orilla del Río del Plata.

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