“La EPE está en el ranking de las incumplidoras con Cammesa”

La oposición santafesina está preocupada por la deuda de más de 10 mil millones de pesos que tiene la Empresa Provincia de Energía con la distribuidora mayorista. “Peligra la prestación”, advirtió la diputada provincial Clara García

La oposición santafesina está preocupada por el presente de la Empresa Provincia de Energía (EPE), bajo intervención del gobierno provincial desde abril. Desde el socialismo, señalaron la altísima deuda que tiene la prestataria con la distribuidora Compañía administradora del mercado mayorista eléctrico (Cammesa).

La EPE está en el ranking de las incumplidoras con Cammesa”, advirtió la diputada provincial Clara García del Frente Progresista. En contacto con el programa Radiópolis, la legisladora señaló que esa ubicación desfavorable se desprende de un informe del jefe de Gabinete Santiago Cafiero en el que consta que al 31 de mayo la deuda llegaba a 10 mil millones de pesos.

“Tenemos conocimiento que en junio no se pagó el consumo” tampoco, agregó García.

Esto pone en peligro la solvencia de la empresa y la prestación de la energía. Hoy quizás no lo vemos porque no tenemos un nivel de actividad pleno”, señaló la diputada que junto a otros legisladores  del Frente pidió al Poder Ejecutivo que informe sobre el endeudamiento asumido por la empresa con la proveedora mayorista Cammesa.

Del último informe de gestión presentado por Cafiero en el Senado nacional el pasado 17 de junio, se constata que al 31 de mayo la deuda de la empresa pública santafesina asciende a exactamente a 10.173.888.902 pesos, equivalente a 3,5 períodos pendientes respecto del último mes facturado.

“La EPE es la empresa pública más importante de Santa Fe”, sostuvo García, poniendo de relieve la cantidad de personal, el volumen de su facturación, la diversidad geográfica de su cobertura, la complejidad técnica de sus equipamientos, y la histórica defensa de su identidad pública.

“Por eso solicitamos al Poder Ejecutivo información relativa a este endeudamiento, que debe regularizarse para no poner en riesgo la solvencia de la empresa ni la prestación de este esencial servicio”, afirmó.

Detrás de este pedido está el rechazo del socialismo a la intervención de la empresa que se extendió hasta fin de año.

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